La nueva ley general de telecomunicaciones facilita a las operadoras la expropiación forzosa de azoteas particulares y otras propiedades privadas y públicas para la colocación de antenas de telefonía móvil cuando resulte necesario para la instalación de la red y no exista otra alternativa técnica o económicamente viable.

La medida, como era de esperar, ha disparado las alarmas entre las asociaciones de vecinos, las comunidades de propietarios y las organizaciones contra la contaminación electromagnética, que denuncian que se deja a los ciudadanos desamparados y temen que el aumento de estas instalaciones pueda repercutir en la salud de los afectados.

Objetivo nueva normativa de colocación de antenas

El objetivo de esta normativa impulsada por el Gobierno es favorecer el despliegue de redes y la prestación de servicios, con el fin de cumplir los objetivos marcados por la Agenda Digital para Europa, la cual tiene como meta que todos los ciudadanos puedan acceder a conexiones de banda ancha a una velocidad de como mínimo 30 mbps en 2020 y que la mitad de los hogares lleguen a velocidades superiores a 100 mbps.

“Los tejados ya no son nuestros, y todo esto obedece a un desarrollo salvaje del sistema inalámbrico”

Denunció Asunción Laso, miembro de la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (Peccem) y presidenta de la Asociación Vallisoletana de Afectados por las Antenas de Comunicaciones.

Sin licencia municipal

A partir de ahora, tampoco será necesario que los ayuntamientos otorguen licencias municipales de obras y de actividad para que las compañías puedan instalar las antenas, tampoco hará falta realizar estudios de impacto ambiental, ya que bastará con que el Ministerio de Industria haya aprobado previamente un plan de despliegue o instalación de red en el que se contemplen dichas infraestructuras. Las compañías solo estarán obligadas a presentar una declaración de responsabilidad en la que certifiquen que cumplen los requisitos exigidos por la nueva ley.